Su búsqueda retornó 2 resultados.

Resumen: En la mayor parte del mundo, el traslado de los contenidos de un documento en idioma extranjero al idioma nacional o viceversa, tanto en el ámbito público como en el privado, es realizado por traductores. En cambio, en Argentina existe la figura del Traductor Público Universitario Matriculado (TPUM), res-ponsable de realizar traducciones públicas e interpretaciones con efectos jurídico-administrativos. Por lo tanto, el TPUM puede desempeñarse en el ámbito privado y público como proveedor de servi-cios de traducción pública y, en el ámbito judicial, como auxiliar de la Justicia. Cabe aclarar que, además, en Argentina y según la legislación constitutiva de cada Colegio Profesio-nal, también están habilitados para realizar traducciones públicas aquellos traductores que cuenten con una matrícula habilitante del Colegio Profesional de su jurisdicción, aunque no tengan un título universitario. Todo Traductor Público Universitario (TPU) alcanza la cualidad de TPUM cuando se matricula ante el Colegio Profesional de una jurisdicción o de varias jurisdicciones, siguiendo las formalidades estable-cidas por los respectivos Colegios Profesionales. Al momento de edición de esta norma, existen provincias en donde no hay Colegio Profesional. Se considera fundamental contar con una norma IRAM que establezca los requisitos para la actua-ción del TPUM como proveedor de servicios de traducción pública y la estandarización del flujo de trabajo, de modo tal que sea de utilidad no solo a los profesionales, sino también a los usuarios de su servicio. Además, este documento puede contribuir con aquellas jurisdicciones que aún no cuentan con un Colegio Profesional propio.

Resumen: Esta norma fue desarrollada en respuesta a una situación generalizada para atender la necesidad de interpretación para personas privadas de libertad, sospechosos, imputados, acusado, demandados, actores, demandantes, denunciantes, querellantes, testigos, víctimas, las partes en las diferentes ac-tuaciones de asuntos legales durante la comunicación oral o en lengua de señas y también contempla las necesidades de las partes interesadas del ámbito judicial tales como jueces, aboga-dos, fiscales, funcionarios policiales, personal administrativo de los tribunales, escribanos así como también ciudadanos privados que requieran de servicios de interpretación durante eventos comunica-tivos en el ámbito del derecho. El derecho a recibir servicios de interpretación jurídica ha sido consagrado en varios documentos in-ternacionales (ver Anexo A). La interpretación jurídica requiere la calidad suficiente para asegurar el acceso igualitario a la justicia y a juicios equitativos para todos.