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Resumen: Esta norma especifica los requisitos generales para la provisión de servicios de interpretación de calidad, entre distintas lenguas orales o Lengua de Señas Argentina (LSA), en contextos diversos, y para todas las especializaciones de interpretación. Además, detalla las competencias y calificaciones de los intérpretes y las condiciones de trabajo mínimas requeridas para interpretar efectivamente. Se describen los principios básicos de la interpretación, los modos, las modalidades, los ámbitos de la nterpretación y las personas involucradas en el evento comunicativo interpretado, y las responsabilidades que le atañen a cada una. Se brindan, adicionalmente, recomendaciones para los intérpretes, las organizaciones de cualquier tipo que ofrecen servicios de interpretacion y para los solicitantes y usuarios de dichos servicios.

Resumen: Esta norma establece los criterios y recomendaciones para la interpretación en los servicios comunitarios durante la comunicación oral y de señas que permita el acceso a los servicios para las personas que tengan una competencia limitada en la lengua de tales servicios. La interpretación en los servicios comunitarios se produce en una amplia variedad de entornos públicos y privados, y propicia la igualdad de acceso a estos servicios.

Resumen: Esta norma proporciona directrices a fin de permitir a los traductores y a sus equipos de apoyo, registrar, mantener y recuperar fácil y rápidamente la información terminológica relacionada con la tarea de traducción.

Resumen: La presente norma específica requisitos para todos los aspectos del proceso de traducción que afecten directamente la calidad y la prestación de servicios de traducción. Incluye disposiciones para los proveedores de servicios de traducción (PST) respecto de la administración de procesos esenciales, requisitos mínimos de competencia, disponibilidad y administración de recursos y otras acciones necesarias para la prestación de un servicio de traducción de calidad.

Resumen: En la mayor parte del mundo, el traslado de los contenidos de un documento en idioma extranjero al idioma nacional o viceversa, tanto en el ámbito público como en el privado, es realizado por traductores. En cambio, en Argentina existe la figura del Traductor Público Universitario Matriculado (TPUM), res-ponsable de realizar traducciones públicas e interpretaciones con efectos jurídico-administrativos. Por lo tanto, el TPUM puede desempeñarse en el ámbito privado y público como proveedor de servi-cios de traducción pública y, en el ámbito judicial, como auxiliar de la Justicia. Cabe aclarar que, además, en Argentina y según la legislación constitutiva de cada Colegio Profesio-nal, también están habilitados para realizar traducciones públicas aquellos traductores que cuenten con una matrícula habilitante del Colegio Profesional de su jurisdicción, aunque no tengan un título universitario. Todo Traductor Público Universitario (TPU) alcanza la cualidad de TPUM cuando se matricula ante el Colegio Profesional de una jurisdicción o de varias jurisdicciones, siguiendo las formalidades estable-cidas por los respectivos Colegios Profesionales. Al momento de edición de esta norma, existen provincias en donde no hay Colegio Profesional. Se considera fundamental contar con una norma IRAM que establezca los requisitos para la actua-ción del TPUM como proveedor de servicios de traducción pública y la estandarización del flujo de trabajo, de modo tal que sea de utilidad no solo a los profesionales, sino también a los usuarios de su servicio. Además, este documento puede contribuir con aquellas jurisdicciones que aún no cuentan con un Colegio Profesional propio.

Resumen: Esta norma fue desarrollada en respuesta a una situación generalizada para atender la necesidad de interpretación para personas privadas de libertad, sospechosos, imputados, acusado, demandados, actores, demandantes, denunciantes, querellantes, testigos, víctimas, las partes en las diferentes ac-tuaciones de asuntos legales durante la comunicación oral o en lengua de señas y también contempla las necesidades de las partes interesadas del ámbito judicial tales como jueces, aboga-dos, fiscales, funcionarios policiales, personal administrativo de los tribunales, escribanos así como también ciudadanos privados que requieran de servicios de interpretación durante eventos comunica-tivos en el ámbito del derecho. El derecho a recibir servicios de interpretación jurídica ha sido consagrado en varios documentos in-ternacionales (ver Anexo A). La interpretación jurídica requiere la calidad suficiente para asegurar el acceso igualitario a la justicia y a juicios equitativos para todos.