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Resumen: A lo largo de la historia, la reivindicación de los Derechos Humanos de primera generación como parte fundamental del proceso se fue abriendo camino en la legislación de la mayor parte de los países y, lo que es tanto o más importante, en los tratados internacionales sobre Derechos Humanos. Es así como el derecho al debido proceso en materia penal, establecido en el artículo 18 de nuestra Constitución, se abrió en un abanico de derechos relacionados y accesorios al primero: el derecho a la legítima defensa, el derecho a ser oído, el non bis in idem, la personalidad de la pena, el derecho a la doble instancia, etc. Sin embargo, hasta ahora no se ha reconocido ampliamente como un derecho humano en sí mismo el contar con un intérprete o traductor idóneo que acerque al imputado, al demandado o a las partes a los hechos y el derecho relacionados con la causa. Este trabajo pretende demostrar, a través de hechos históricos, la importancia de una correcta traducción e interpretación para las partes del proceso, al punto de alcanzar la condición de derecho humano para una legítima defensa, equiparándose al derecho a contar con un abogado. Para ello partiremos de fallos tan trascendentes como "La Amistad" (1839-1840), que hiciera famoso Steven Spielberg a través de su película del mismo nombre, o hitos de la independencia de América del Sur, como la expedición al Alto Perú, encarada por el primer gobierno patrio. Luego encararemos la evolución de los derechos fundamentales básicos, conjuntamente con el derecho a contar con un intérprete o con la traducción de los documentos relativos a una causa, y la actual recepción de esta tesis en la legislación.

Resumen: Conocer la ley es fundamental y evita problemas. De lo contrario, un Traductor Público puede verse envuelto en un delito cuando está certificando un instrumento que puede ser utilizado para cometer un ilícito. Aquí se presenta uns artículo sobre esta temática, realizado por la Trad. Públ. María Isabel Vázquez, es el resumen de lo hablado en la mesa redonda "Responsabilidad de los profesionales certificantes", organizada por la Comisión de Relaciones Institucionales, realizada el 13 de mayo en nuestra sede.

Resumen: Las posibles formas de compatibilizar vocablos que tienen un distinto significado según el uso de un país específico o de interpretar institutos y términos novedosos como suelen aparecer en la legislación económica de la Argentina. En esta materia, el mejor glosario suele ser la propia ley o los trabajos de doctrina y jurisprudencia que explican su contenido y alcance. Muchas veces, debemos recurrir a estas fuentes jurídicas -que pasan a ser fuentes para la traducción especializada- para entender el significado acabado de los términos, por ejempo el "Impuesto a los ingresos brutos" en la Argentina.