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Resumen: Desde 2007, docentes y traductores públicos nos venimos planteando la necesidad de contar con material sistematizado e interrelacionado como estrategia de estudio, análisis y tratamiento de la traducción jurídica, acorde a nuestra geografía y a los tiempos que corren. A la complejidad que significa un emprendimiento de estas características se suma la esporádica y desarticulada tradición argentina en la reflexión sobre la traducción y en la dispersión de sus prácticas, tanto social y cultural como política y legalmente aceptadas, aceptables, rechazadas y rechazables. Un llamativo vacío intelectual, en un área particularmente sensible, dado que la traducción ha sido definida y valorada incluso entre nosotros, y desde la más temprana época de emancipación de España, como instrumento insoslayable en la construcción de una identidad propia. El presente trabajo está destinado, entonces, a un público amplio, aunque de modo especial a traductores, traductólogos, intérpretes e interpretólogos, pero también a juristas, lingüistas, sociólogos, antropólogos, politólogos, historiadores, investigadores y a todos aquellos que estén interesados en la problemática de la traducción en general y de la traducción jurídica en el contexto argentino, pues pretende analizar, interpretar y evaluar con argumentos y opiniones fundamentadas una práctica y un tema significativos y sensibles que, como decíamos, no han gozado de un desarrollo sistemático en nuestro medio.

Resumen: En la mayor parte del mundo, el traslado de los contenidos de un documento en idioma extranjero al idioma nacional o viceversa, tanto en el ámbito público como en el privado, es realizado por traductores. En cambio, en Argentina existe la figura del Traductor Público Universitario Matriculado (TPUM), res-ponsable de realizar traducciones públicas e interpretaciones con efectos jurídico-administrativos. Por lo tanto, el TPUM puede desempeñarse en el ámbito privado y público como proveedor de servi-cios de traducción pública y, en el ámbito judicial, como auxiliar de la Justicia. Cabe aclarar que, además, en Argentina y según la legislación constitutiva de cada Colegio Profesio-nal, también están habilitados para realizar traducciones públicas aquellos traductores que cuenten con una matrícula habilitante del Colegio Profesional de su jurisdicción, aunque no tengan un título universitario. Todo Traductor Público Universitario (TPU) alcanza la cualidad de TPUM cuando se matricula ante el Colegio Profesional de una jurisdicción o de varias jurisdicciones, siguiendo las formalidades estable-cidas por los respectivos Colegios Profesionales. Al momento de edición de esta norma, existen provincias en donde no hay Colegio Profesional. Se considera fundamental contar con una norma IRAM que establezca los requisitos para la actua-ción del TPUM como proveedor de servicios de traducción pública y la estandarización del flujo de trabajo, de modo tal que sea de utilidad no solo a los profesionales, sino también a los usuarios de su servicio. Además, este documento puede contribuir con aquellas jurisdicciones que aún no cuentan con un Colegio Profesional propio.