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Resumen: Contiene el régimen legal en la Nación y en la Provincia de Buenos Aires; peritos y consultores técnicos; honorarios profesionales de traductores, legislación y jurisprudencia; incumbencias profesionales y pericia arbitral. El autor es Traductor Público y Doctor en derecho y ciencias sociales y Juez nacional en lo Civil.

Resumen: El nuevo régimen de regulación de honorarios para abogados y procuradores y auxiliares de la justicia -peritos- se encuentra legislado en la nueva ley de honorarios, Ley 27423, sancionada el 22 de diciembre de 2017.

Resumen: "Desde la sanción de la Ley 27423, para la regulación de honorarios profesionales de abogados y auxiliares de la justicia se utiliza el valor de la Unidad de Medida Arancelaria (UMA), que actualmente equivale a

Resumen: Síntesis de la publicación realizada por el Calígrafo Público Nacional Jorge Marti, en la lista de discusión "Pericias Caligráficas" [www.periciascaligráficas.com] sobre los peritos que se desempeñan ante el Tribunal Fiscal de la Nación; se analiza un caso de incidente por cobro de honorarios profesionales.

Resumen: Todos sabemos lo importante que es la actuación de un perito designado de oficio en una causa. Los peritos somos aquellos que poseemos conocimientos en una ciencia, arte o actividad especializada, que hacen a la verdad en el esclarecimiento del caso, al derecho a la defensa y al debido proceso. Se debe agregar que los intérpretes, a los que se les aplican las reglas de los peritos, se tornan en auxiliares indispensables de la justicia en los supuestos de imputados extranjeros. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto ser reconocidos cuando deben pagarnos los honorarios? A continuación, analizaremos la Resolución 114/16 del Consejo de la Magistratura, que refleja una cabal muestra de reconocimiento a nuestra labor.

Resumen: Un nuevo fallo sienta jurisprudencia a favor de los peritos traductores y garantiza que los honorarios regulados en calidad de intérprete serán a cargo de la D.A.F.

Resumen: La recurrencia de las circunstancias, la debacle económica, las inquietudes de los colegas que comienzan a transitar los pasillos de los tribunales y espacios donde se imparte justicia y un sinnúmero de razones nos hacen volver una vez más sobre el mismo tópico: el Pacto de San José de Costa Rica (Convención Americana sobre Derechos Humanos, en vigor desde el 18 de julio de 1978).

Resumen: Este artículo se refiere a la importancia de la regulación en Unidad de Medida Arancelaria (UMA) como ajuste encubierto por inflación para el cobro del trabajo del perito. También subraya la importancia de pedir el interés por mora.

Resumen: Los honorarios de los peritos deben adecuarse, además del mérito, importancia y naturaleza de la labor cumplida, al monto del juicio y a los emolumentos de los profesionales que han intervenido en la causa y, de tal manera, el órgano jurisdiccional deberá armonizar la preeminencia de las pautas mencionadas a fin de obtener una retribución que, al par de justa, resguarde debidamente el derecho de propiedad del beneficiario y del obligado al pago y no se arribe a un monto totalmente distorsionado con la tarea cumplida que, en definitiva, es lo que se debe retribuir [arts. 17 Const. Nacional; 499, 1627 Cód. Civil, texto según ley 24432].

Resumen: Ante reiteradas denuncias de nuestros matriculados y a pedido del Consejo Directivo del CTPCBA, la subcomisión de Peritos, perteneciente a la Comisión de Ejercicio de la Profesión, se ha entrevistado con las autoridades de la Dirección General de Administración Financiera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a fin de ponerlos en conocimiento de la imposibilidad actual de percibir honorarios, cuando se ha sido designado Perito de oficio. La presentación hizo hincapié en que, generalmente, la parte condenada en costas no es solvente y se diluye el derecho del Perito a recibir una justa remuneración por el trabajo realizado, quedando éste desamparado, pese a la existencia de nutrida jurisprudencia que reconoce el carácter alimentario de los honorarios periciales. Por lo tanto, no sólo se desvirtúa hasta la misma jurisprudencia, sino que el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, como Institución, se enfrenta a la necesidad de salir a defender el derecho de sus matriculados. Cuando el Perito Traductor es convocado, pone al servicio de la Justicia su profesionalismo e idoneidad, avalado por un título universitario, y una formación que requiere de permanente actualización. La capacitación profesional implica una constante inversión de tiempo y dinero. La dificultad en el cobro de los honorarios profesionales va en desmedro no sólo del profesional sino también de quien utiliza sus servicios, como en este caso los Jueces, que tienen a cargo la noble tarea de administrar justicia. Se ha aprovechado la oportunidad para hacer este planteo, frente a la inscripción en el mes de octubre y se les ha transmitido que los matriculados se cuestionan el ponerse al servicio de la Justicia, suponiendo que les será casi imposible cobrar cuando son designados de oficio, que si la regulación excede determinado monto no cobrarán en efectivo sino en bonos, que deben invertir