Su búsqueda retornó 3 resultados.

Resumen: Este estudio surge de la necesidad de comprobar la realidad profesional y el quehacer diario de los intérpretes jurados en la traducción de los documentos académicos en España. Surge, además, de la necesidad de comprobar si lo que se suele aconsejar como prácticas habituales a los futuros intérpretes jurados desde la propia experiencia profesional de los intérpretes jurados o la experiencia ajena compartida (generalmente limitada) se extiende al resto de la profesión. Lo que animó, además, a emprender este estudio fue la necesidad de descubrir y analizar el papel que juega el intérprete jurado en este proceso social.

Resumen: Hasta 1994, toda persona tenía el derecho de presentarse ante el gran público británico como intérprete o traductor. No se requería titulación, certificado o autorización alguna; la profesión carecía totalmente de control oficial o extraoficial. En dicho año se creó el Registro Nacional de Intérpretes del Sector Público (National Register of Public Service Interpreters), bajo la tutela del Institute of Linguists, que es un organismo interesado por las lenguas y sus usuarios. En el Registro puede inscribirse cualquier persona siempre y cuando tenga algún tipo de tìtulo que lo cualifique para ejercer en el campo de la interpretación pública -que no es necesariamente una titulación universitaria, sino que puede ser, por ejemplo, un diploma (Diploma in Public Service Interpreting)-, además de 400 horas de experiencia. Cabe mencionar que la existencia del Registro Nacional no afecta al sector privado, sino sólo al público (polícia, juzgados, probation service, aduana, seguridad social, inmigración, etc.). Éste es el sector que aborda este trabajo y en el mismo constan las impresiones del autor respecto de cómo funciona el sistema basándose únicamente en las experiencias propias, y no en normativas o directrices oficiales.

Resumen: La mayor parte de las reflexiones que se hacen sobre la traducción jurídica desde el campo del derecho parten del principio de que "el traductor no debe interpretar el texto"; pues bien, esta formulación es demasiado general porque el traductor, en alguna medida, necesita comprender e interpretar el texto jurídico para poder traducirlo. En el caso de la traducción jurídica, la comprensión parace mostrar al menos tres niveles diferentes: (1) lo que el término o la expresión jurídica pueden significar con independencia del documento en que están contenidos (los diferentes significados del diccionario); (2) lo que el término o la expresión significan en ese documento en particular, y (3) la proyección jurídica de los contenidos de ese documento en cuanto a la eficacia de su acto negocial, la aplicación de esa norma legislativa o la autenticidad de la certificación, según sea el caso.