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Resumen: En el marco de la ya bien conocida política del Consejo Directivo de entrar en contacto con los distintos organismos públicos y privados, para lograr que se respeten, estrictamente, los términos de la Ley 20.305, se han llevado a cabo múltiples gestiones en instituciones tales como el INPI, el Senasa, la Aduana, la AFIP, el Registro Civil, el Consejo de la Magistratura, entre muchas otras.

Resumen: A partir de las múltiples denuncias por irregularidades en el cumplimiento, por parte de determinados organismos públicos, de la Ley 20.305, el Consejo Directivo ha tomado intervención directa en el problema y ha cursado diversas notas a las instituciones involucradas. En este artículo se reproducen algunas de las notas enviadas.

Resumen: Al sancionar nuestra ley, en el año 1973, el Congreso de la Nación reconoció en favor del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, la potestad de fiscalizar el correcto ejercicio de la función del Traductor Público y el decoro profesional, por un lado, y el deber de vigilar el cumplimiento de la ley, por otro. En este contexto, el Consejo Directivo, a través de la Comisión de Ejercicio de la Profesión, ha efectuado un relevamiento de la normativa vigente y aplicable en organismos y entidades cuya actividad administrativa, se concatena de algún modo, con las incumbencias del Traductor Público y los deberes del CTPCBA.