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Resumen: Traducción y Justicia pretende ofrecer un instrumento de reflexión y una herramienta de resolución de problemas de traducción judicial entre textos en italiano y español. En su recorrido, el material hace un análisis exhaustivo de las características propias de los tipos y géneros de textos judiciales de ambos países, dando como resultado un material exhaustivo para el profesional traductor en búsqueda de una reflexión teórica que profundice sus conocimientos empíricos, y también para el profesional del derecho que quiera adentrarse en el universo de las traducciones y las interpretaciones judiciales, sus problemáticas, falencias, etcétera. Trata, asimismo, de suministrar información conceptual que las urgencias de la labor diaria del traductor dificultan recopilar y, sobre todo, generar la necesaria reflexión teórica sobre dicho material. Destinado a estudiantes avanzados de las carreras de Traductorado de Italiano y Derecho, traductores e intérpretes en ejercicio, abogados, escribanos y profesionales del Derecho, antropólogos del derecho, jueces y fiscales, etc.

Resumen: Yo voy a hablar específicamente de la interpretación judicial en nuestro país desde mi experiencia personal y la de varias de mis colegas, que generosamente han compartido conmigo. Si bien mi intención es describir brevemente las situaciones por las que atraviesa un perito intérprete y puede parecer que algunas no se dan en las condiciones ideales de trabajo, quiero aclarar que todos los que nos dedicamos a esto lo hacemos porque realmente nos gusta y disfrutamos de esta tarea y queremos compartir nuestra experiencia con las colegas que se inician.

Resumen: Hacia fines del 2008, llegó a nuestro conocimiento, por denuncia de algunos colegas, que nuestros honorarios cuando somos convocados como peritos de oficio, son pasibles de ser pagados por la instancia que ha solicitado nuestra intervención. Por ende, trabajando en un mismo expediente, parte del honorario puede ser pagado por la Dirección de Administración Financiera del Consejo de la Magistratura, parte por la Defensoría Oficial y, si nos convocó una fiscalía, por la Procuración General de la Nación.