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Resumen: Una de las incumbencias más importantes de la profesión de Traductor Público es la de actuar como perito ante los tribunales de todos los fueros donde sea requerida la intervención de un profesional de la traducción, y la actuación profesional se encuentra reglamentada por las leyes y los códigos de fondo y forma.

Resumen: Ante reiteradas denuncias de nuestros matriculados y a pedido del Consejo Directivo del CTPCBA, la subcomisión de Peritos, perteneciente a la Comisión de Ejercicio de la Profesión, se ha entrevistado con las autoridades de la Dirección General de Administración Financiera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a fin de ponerlos en conocimiento de la imposibilidad actual de percibir honorarios, cuando se ha sido designado Perito de oficio. La presentación hizo hincapié en que, generalmente, la parte condenada en costas no es solvente y se diluye el derecho del Perito a recibir una justa remuneración por el trabajo realizado, quedando éste desamparado, pese a la existencia de nutrida jurisprudencia que reconoce el carácter alimentario de los honorarios periciales. Por lo tanto, no sólo se desvirtúa hasta la misma jurisprudencia, sino que el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, como Institución, se enfrenta a la necesidad de salir a defender el derecho de sus matriculados. Cuando el Perito Traductor es convocado, pone al servicio de la Justicia su profesionalismo e idoneidad, avalado por un título universitario, y una formación que requiere de permanente actualización. La capacitación profesional implica una constante inversión de tiempo y dinero. La dificultad en el cobro de los honorarios profesionales va en desmedro no sólo del profesional sino también de quien utiliza sus servicios, como en este caso los Jueces, que tienen a cargo la noble tarea de administrar justicia. Se ha aprovechado la oportunidad para hacer este planteo, frente a la inscripción en el mes de octubre y se les ha transmitido que los matriculados se cuestionan el ponerse al servicio de la Justicia, suponiendo que les será casi imposible cobrar cuando son designados de oficio, que si la regulación excede determinado monto no cobrarán en efectivo sino en bonos, que deben invertir