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Resumen: La función del Traductor Público como Perito auxiliar de la Justicia, las diferentes condiciones para la inscripción en la Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires, y las particularidades de la tarea en su ejercicio cotidiano fueron expuestas durante una Charla-Debate organizada a principios de septiembre.

Resumen: Un informe sobre lo actuado por la Subcomisión y su permanente preocupación por la labor del perito. Para un traductor público, hay pocas incumbencias tan claras como la relativa a la labor pericial, pues es el ámbito natural de aplicación del conocimiento jurídico y terminológico específico adquirido. Pero el aceptar una pericia no significa obtener un trabajo que colme de inmediata satisfacción, ya que, una vez realizada, aparece la dura realidad del cobro de honorarios, que muchas veces deja un sabor amargo pese al profesionalismo con el que sin duda se ha encarado la tarea.

Resumen: Ante reiteradas denuncias de nuestros matriculados y a pedido del Consejo Directivo del CTPCBA, la subcomisión de Peritos, perteneciente a la Comisión de Ejercicio de la Profesión, se ha entrevistado con las autoridades de la Dirección General de Administración Financiera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a fin de ponerlos en conocimiento de la imposibilidad actual de percibir honorarios, cuando se ha sido designado Perito de oficio. La presentación hizo hincapié en que, generalmente, la parte condenada en costas no es solvente y se diluye el derecho del Perito a recibir una justa remuneración por el trabajo realizado, quedando éste desamparado, pese a la existencia de nutrida jurisprudencia que reconoce el carácter alimentario de los honorarios periciales. Por lo tanto, no sólo se desvirtúa hasta la misma jurisprudencia, sino que el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, como Institución, se enfrenta a la necesidad de salir a defender el derecho de sus matriculados. Cuando el Perito Traductor es convocado, pone al servicio de la Justicia su profesionalismo e idoneidad, avalado por un título universitario, y una formación que requiere de permanente actualización. La capacitación profesional implica una constante inversión de tiempo y dinero. La dificultad en el cobro de los honorarios profesionales va en desmedro no sólo del profesional sino también de quien utiliza sus servicios, como en este caso los Jueces, que tienen a cargo la noble tarea de administrar justicia. Se ha aprovechado la oportunidad para hacer este planteo, frente a la inscripción en el mes de octubre y se les ha transmitido que los matriculados se cuestionan el ponerse al servicio de la Justicia, suponiendo que les será casi imposible cobrar cuando son designados de oficio, que si la regulación excede determinado monto no cobrarán en efectivo sino en bonos, que deben invertir